El Grupo Parlamentario Socialista-SIEX ha instado a la Junta de Extremadura a que aprueba una normativa que aumente las exigencias técnicas de seguridad y garantice los derechos de los consumidores para que las estaciones de servicio sin personal estén obligadas a disponer, al menos, de un empleado responsable de los ervicos que prestan. Según los socialistas, hay más de mil puestos de trabajo en juego.
Que las estaciones de servicio de la región que no tienen empleados contratados estén obligadas, mediante una normativa del Gobierno regional, a contratar, cuando menos, a un trabajador que sea responsable de los servicios que presta. En dicha normativa se deberían incluir las excpeciones necesarias y a considerar en relación a las cooperativas agrarias. Éste es el objetivo de la propuesta de impulso que el Grupo Socialista-SIEX ha presentado al pleno y que la Asamblea de Extremadura ha apoyado de forma unánime.
El portavoz de Economía del Grupo Socialista-SIEX, Celestino Vegas, ha defendido en el pleno de la Asamblea la necesidad de que Extremadura cuente con una normativa en este sentido, ya que en todo el país solo cinco comunidades autónomas, entre ellas la extremeña, carecen de este tipo de legislación para obligar a las esatciones de servicio desatendidas a contratar, al menos, a una persona. Según los cálculos de los socialistas, esta medida podría afectara, aproximadamente, a un millar de empleos de la región. En la actualidad, de las 488 estaciones de servicios de la región, 95 son de las del tipo desatendidas y, de ellas, 40 no corresponden a cooperativas agrarias, es decir, son objeto de esta normativa que se pide desde el Grupo Socialista-SIEX.
Vegas ha argumentado que este tipo de gasolineras han “comenzado a proliferar en la región” y que los colectivos afectados por este tipo de nogocios “son muchos y están mostradno su desacuerdo, como por ejemplo, nos cuentan las asociaciones de empresarios de estaciones de servicio, sindicatos, plataformas vecinales y asociaciones de consumidores”.
Los motivos para poner en marcha este ipo de normativas pasan por argumentos de carácter legal, en materia de seguridad, en asuntos relacionados con la accesibilidad o en cuestiones de marcadio carácter laboral. Para Vegas, “este tipo de estaciones incumplen la legislación en materia de defensa de los derechos del consumidor, hay falta de seguridad en caso de derrame o accidentes, presenta problemas para personas con algún tipo de incapacidad o afectan, directamente, a la defensa de los puestos de trabajo”.
Declaraciones del diputado Celestino Vegas en el pleno de la Asamblea:
