- El diputado socialista, Carlos Labrador, ha puesto de relieve las posibilidades de la región para liderar el despliegue de hidrógeno verde “gracias al trabajo incansable para crear las condiciones para ello”.
- En el pleno de hoy también se ha dado luz verde a la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional que va a “blindar” esta política pública, según la consejera de Igualdad y Cooperación.
El pleno de la Asamblea de Extremadura ha convalidado hoy el decreto que declara de interés general la producción de hidrógeno renovable o verde que conllevará que este tipo de instalaciones en la región no requieran ningún tipo de autorización administrativa. La consejera de Transición Ecológica, Olga García, ha defendido su importancia para “posicionar a Extremadura en la producción de este gas y aprovechar sus posibilidades de desarrollo en zonas rurales”.
García ha informado a la cámara que el objetivo final es “facilitar la aceleración del despliegue de proyectos en la región”. No en vano, Extremadura tendrá una posición estratégica en uno de los dos ejes que ha diseñado Europa para la distribución de esta energía.
Para el diputado socialista, Carlos Labrador, “el hidrógeno verde supone una nueva oportunidad para el progreso y el futuro de la región”. Según él, “en la región se dan las condiciones adecuadas para convertirnos en grandes referentes y productores de hidrógeno verde a nivel mundial”. Labrador ha pedido un esfuerzo a todos para “conseguir beneficiarnos” de ello.
Carlos Labrador ha criticado a la oposición porque “sospechábamos que pondrían pegas al hidrógeno verde”. Ha relatado como se han opuesto a “dar seguridad jurídica y protección ambiental a las zonas ZEPA, ni le gustan las minas de las que se obtiene minerales para la movilidad sostenible y la transición ecológica, ni le gustan las fotovoltaicas, ni los proyectos eólicos…” A su juicio, “que Extremadura lidere el hidrógeno verde es fruto del trabajo incansable para crear las condiciones necesarias para ello”.
Ley Cooperación
Durante el pleno se ha debatido sobre la nueva Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional. En su exposición, la consejera de Igualdad y Cooperación, Isabel Gil Rosiña, ha explicado que este texto pretende adaptar las políticas de cooperación a la nueva realidad internacional, después de 20 años de vigencia de la actual ley”.
Gil Rosiña ha informado que esta norma trata de reconocer el trabajo desempeñado por las entidades y cooperantes de Extremadura, así como “blindar” las políticas públicas. “Centrar nuestra agenda en las desigualdades, en la doble transición ecológica y digital, en la democracia y en la descentralización”, ha afirmado. Entre sus grandes hitos, se eleva a rango de ley el compromiso de destinar el 0,7% del presupuesto regional a políticas de cooperación.
La diputada socialista, Soraya Vega, cree que “la cooperación extremeña ha venido creciendo y forjando una identidad propia casi a la vez que creciendo nuestra autonomía”. Por eso “esta ley supone un importante avance en el reconocimiento de las personas cooperantes y del resto de agentes de la cooperación extremeña”. Para Vega “estamos renovando el compromiso de todos los extremeños con la cooperación”.
Ha ofrecido algunas cifras como que “la cooperación extremeña cuenta con un 38% más de presupuesto, comprometiendo 18 millones de euros este año, y una ejecución que alcanza más del 90%”. Sin embargo, “el PP recortó el 40% el primer año de su legislatura y su ejecución no llegó al 60%”.
