“Hemos cumplido con el compromiso del gobierno regional y de nuestro grupo parlamentario de estudiar y evaluar la situación real de financiación que tienen nuestros ayuntamientos”, ha remarcado hoy en rueda de prensa Carlos Labrador, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, que presentará en el próximo pleno las conclusiones del dictamen elaborado por la comisión no permanente de estudio sobre financiación municipal.
Una propuesta que ha contado con la participación y colaboración de expertos, técnicos, ayuntamientos y FEMPEX, y que pone de relieve la Ley de Garantía de la Autonomía Municipal, aprobada en la Asamblea, “una ley pionera y garantista que está reforzando la autonomía de los ayuntamientos y está aportando ya recursos económicos importantes para avanzar hacia la suficiencia económica y financiera de nuestros ayuntamientos”, ha afirmado Labrador.
El dictamen, además, constata la necesidad de una reforma en la Participación de los Ingresos del Estado, “ya que el modelo actual, con la reforma que llevó a cabo el Partido Popular, perjudica seriamente a los ayuntamientos extremeños”, debido al reparto de fondos a los grandes municipios. “Hay que proceder a una reforma para sustituir los actuales mecanismos de transferencia por otros mecanismos de nivelación”, ha explicado el portavoz adjunto.
Con respecto a este dictamen, Labrador ha lamentado que, una vez más, el Partido Popular “se ha aislado del resto de grupos de la Asamblea de Extremadura, huyendo de un acuerdo que demuestre la unidad de este parlamento y de Extremadura”.
UNA ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y EFICAZ
Además, Carlos Labrador ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista culminará en el próximo pleno el trámite de la Propuesta de Ley de Defensa, Asistencia Jurídica y Comparecencia en Juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la que “hemos mostrado nuestra voluntad de acuerdo y hemos sido sensibles con las propuestas a modo de enmienda y hemos aceptado una parte importante de las aportaciones de los demás grupos”, ha confirmado.
Esta propuesta de ley va a ser un instrumento eficaz para la resolución de conflictos mediante el diálogo o la modernización de la garantía de los procedimientos jurídicos, un instrumento facilitador a las nuevas exigencias de agilidad procesal y de comunicación y, por último, un instrumento adaptado a las mejoras del funcionamiento de las labores de asesoramiento jurídico y de representación y de defensa en juicio.
