El Grupo Socialista-SIEX en la Asamblea de Extremadura ha registrado una iniciativa parlamentaria (Propuesta de Pronunciamiento) por la que se pide al Gobierno de España que rechace la pretensión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava por la que se plantea limitar las plantaciones de viñedo en Extremadura con destino a este producto.
María Teresa Macías, portavoz de Agricultura del Grupo Socialista, ha señalado que «hay que propiciar la negociación para resolver este problema, y para que ese diálogo se propicie es necesario impulsar una postura común de los grupos políticos en la Asamblea de Extremadura que refuerce las gestiones que se están realizando desde mediados de noviembre por la Junta de Extremadura”. Ha abogado por el derecho a «optar en las oportunidades que ofrece el mercado del cava y el desarrollo de la producción en Extremadura, los viticultores y elaboradores son los máximos interesados en que el mercado esté regulado, pero no poniendo limitaciones a unos si y a otros no”.
Macías ha puesto en valor las iniciativas que desde la sociedad civil han emprendido los elaboradores, viticultores, organizaciones representativas y otros entes haciendo especial mención a que «en Extremadura somos capaces de producir con máxima calidad, técnicas óptimas de cultivo y elaboración y competir en el mercado del cava. Eso se ha hecho con el esfuerzo y el riesgo económico de familias y empresas que actualmente sacan al mercado 5 millones de botellas de cava a partir de 471 hectáreas de cultivo dentro del marco de la Denominación de Origen Cava”.
Por ello, la socialista ha señalado que «la defensa de la producción de cava en Extremadura es una exigencia legítima, pues no altera los mercados siendo su actual situación de expansión, por lo que no hay rigor en las justificaciones que plantea el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, ni tampoco hay consenso interno en su decisión, Extremadura y Valencia se oponen y en nuestro caso históricamente Almendralejo desde 1983 tiene producción amparada y por tanto derecho el sector elaborador de Extremadura a tener un desarrollo que permita acceder a mayores oportunidades en el mercado”.
María Teresa Macías ha dicho también que «las limitaciones a las plantaciones de determinadas variedades tal y como pretende el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava son inadmisibles por puro sentido común, ya que esas mismas variedades también están amparadas por otras denominaciones de origen en Extremadura y otros territorios y por lo tanto estarían coartando también la capacidad de decisión en cuanto al destino de la producción que puedan determinar los viticultores y elaboradores”.
Por todo lo anterior, Macías reitera la «necesidad de apoyo por parte de la Administración General del Estado, para evitar en todo caso que esto pueda convertirse en una herramienta para alimentar conflictos territoriales y para que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente escuche la Junta de Extremadura, los Grupos Políticos, entidades asociativas y profesionales, y lo más importante, a los que han hecho un esfuerzo inversor en el sector vitivinícola extremeño y crean empleo en el medio rural”.
