El Grupo Parlamentario Socialista acaba de registrar una propuesta de pronunciamiento que apoya la reforma del Código Penal con el objetivo de penalizar el acoso a las mujeres que optan voluntariamente a la interrupción de su embarazo.
El aborto está despenalizado por ley en España desde 1985 y reconocido y regulado desde 2010, y los derechos de salud reproductiva y sexual de la mujer son derechos fundamentales. Así se contempla en la legislación y en numerosos pactos y convenciones europeas. Es más, las instituciones comunitarias han pedido a los Estados que pongan todos los medios posibles para garantizar una práctica segura y legal del aborto.
Sin embargo, según la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario “grupos de ultraderecha, organizados y con gran capacidad económica acosan a las mujeres que acuden libremente a las clínicas, obstaculizando su derecho, y hostigan a los profesionales sanitarios que trabajan en estos centros.”
En España, el derecho al aborto está reconocido. Ahora, afirma Vega “lo que el Gobierno Socialista pretende es proteger su ejercicio en libertad, a través de una modificación del Código Penal.”
La diputada socialista ha pedido “al resto de fuerzas políticas que apoyen esta propuesta de pronunciamiento” en la que la Asamblea de Extremadura insta a las Cortes Generales a apoyar esta reforma legal que castiga de manera más severa este tipo de conductas que coartan la libertad.
Con ello, no sólo se estará garantizando un derecho sino también protegiendo su ejercicio en libertad.
