El Grupo Socialista ha registrado en la cámara regional la solicitud de creación de una comisión de investigación para que aclare todo lo referente al concurso público de adjudicación del nuevo contrato de transporte sanitario y para que analice cómo se está haciendo el traspaso entre la anterior empresa adjudicataria y la actual. En el caso de que las conclusiones así lo demanden, los socialistas no descartan acudir a la Fiscalía tras el desarrollo de esta comisión. Según ha explicado el portavoz del Grupo Socialista, Valentín García, la mayoría de los trabajadores están conformes con la subrogación de sus contratos, el servicio se está normalizando y ha sentenciado que “la salud de los extremeños y la sanidad pública estarán siempre por encima de los intereses empresariales”.
Mañana viernes, los socialistas han registrado en la Asamblea de Extremadura la solicitud de creación de una comisión de investigación que aclare todo lo referente al concurso público del transporte sanitario y sirva para analizar cómo se está haciendo el traspaso entre la anterior empresa adjudicataria del servicio y la actual. El Grupo Socialista no descarta acudir a la Fiscalía en el caso de que las conclusiones obtenidas de esta comisión dan pie a ello.
El portavoz del Grupo Socialista, Valentín García, ha explicado en rueda de prensa que para el PSOE “la salud de los extremeños y el derecho a una sanidad pública de calidad estarán siempre por encima de cualquier interés empresarial”. En ese sentido, García ha reclamado a la actual empresa que cumpla el contrato y dé solución a los problemas que han surgido o puedan aparecer y a la antigua empresa, según el portavoz, “le recuerdo que nadie está por encima de la ley y que la Junta de Extremadura gobernada por los socialistas no va a cometer ninguna prevaricación por mucho que lo pidan algunos partidos políticos o la propia empresa”.
En relación a los trabajadores, el portavoz socialista ha explicado que “la mayoría de los empleados están satisfechos con la subrogación de sus contratos y es normal que antiguos directivos de la anterior empresa adjudicataria estén poniendo todos los palos que pueden en las ruedas para dificultar el traspaso porque están defendiendo nóminas de 6.000 y 7.000 euros brutos al mes, pero por tener esos sueldos no están por encima del derecho de los extremeños a tener una sanidad de calidad”.
