El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura ha registrado hoy 8 enmiendas parciales a la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO) que, según ha explicado el portavoz Valentín García “dan respuestas a las observaciones que ha formulado el Consejo de Estado”. Entre otras cosas, con estas enmiendas se amplía el plazo de alegaciones públicas de 45 a 90 días o se reduce la extensión mínima para considerar un proyecto dentro de esta ley de 1.000 a 300 hectáreas, con lo que se atiende, además, la petición de varios comparecientes en las comisiones parlamentarias de la LEGIO. El debate de las enmiendas parciales tendrá lugar en la sesión plenaria del próximo 25 de julio.
La futura Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO) encara su recta final en lo que a la tramitación parlamentaria se refiere. Hoy ha acabado el plazo para presentar enmiendas parciales y el debate de las mismas tendrá lugar en la próxima sesión plenaria, fechada para el 25 de julio. El Grupo Socialista ha registrado hoy 8 enmiendas parciales que, según ha explicado el portavoz Valentín García, “dan respuestas a las observaciones que ha formulado el Consejo de Estado”. El portavoz socialista ha recordado que, por primera vez, una ley impulsada desde un grupo parlamentario se ha elevado al Conejo de Estado, “nunca se había hecho esto, pero esta vez se ha considerado oportuno porque es el propio presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el que desea que la futura ley tenga la máxima seguridad jurídica posible”.
Con respecto a las enmiendas parciales presentadas por el PSOE, García ha detallado que, en su mayoría, tienen que ver con la adaptación de la regulación administrativa con la legislación básica del Estado en materia medioambiental. En ese sentido, ha explicado que en un principio queríamos dar un plazo de 45 días para las alegaciones públicas pero el Consejo de Estado hizo una observación y se ha decidido ampliarlos a 90 días atendiendo su sugerencia”. Además, atendiendo a las propuestas del propio consejo, pero también a la de varios comparecientes en comisión parlamentario para recabar opiniones sobre la LEGIO, se ha decidido proponer que la extensión mínima que debe ocupar un proyecto para acogerse a esta ley pasa de 1.000 a 300 hectáreas.
El propio Valentín García ha asegurado que “la LEGIO está llamada a permitir que Extremadura cuente con una de las herramientas legales más modernas y avanzadas de España, se trata de que nuestra región tenga las mismas oportunidades que otras del país para competir por los grandes proyectos de ocio familiar a nivel internacional y para poder dar un vuelco al mercado laboral extremeño”. El portavoz ha explicado que en la región tiene dos problemas muy definidos: el empleo y el tamaño de las empresas. Para dar solución a estos problemas, entre otras cosas, surge la idea de poner en marcha la LEGIO ya que “el sector que aparece para sustituir al industrial en cuanto a la demanda de mano de obra es el del turismo”. En ese sentido, ha recordado que la LEGIO aporta ventajas concretas como la de la agilización de la tramitación de grandes proyectos inversores con amplia garantía jurídica y, además, se pone toda la maquinaria de la administración pública al servicio de la generación de empleo.
