La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ascensión Godoy, ha destacado que la propuesta de Ley de Contratación Pública Socialmente Responsable de Extremadura está llamada a “crear empleo, garantizar la aplicación de las cláusulas sociales y facilitar el acceso de las pymes a la contratación autonómica”. Los socialistas han registrado hoy en la Asamblea de Extremadura esta propuesta de ley con la que se pretende reunir en un solo texto la normativa de la contratación pública autonómica dentro del paquete de leyes que el Presidente de la Junta de Extremadura anunció en el último Debate del Estado de la Región para aportar a la gestión más transparencia, atención a las personas y la economía y el concierto social en los servicios públicos.
Hoy ha comenzado la tramitación parlamentaria de lo que debe ser la nueva Ley de Contratación Pública Socialmente Responsable de Extremadura. Se trata de un texto que los socialistas presentan de manera conjunta y consensuada con Podemos y que se incluye en el paquete legislativo que el Presidente Guillermo Fernández Vara anunció en el último Debate del Estado de la Región para mejorar la prestación de servicios públicos en la región.
En rueda de prensa, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ascensión Godoy, ha destacado que, a nivel general, esta futura ley aspira a “garantizar la creación de empleo, el cumplimiento de las cláusulas sociales y facilitar a las pymes el acceso a la contratación pública extremeña”. La ley pretende reunir en un solo texto toda la normativa reguladora en materia de contratación pública. Se aspira a conseguir la real colaboración entre la actividad contractual autonómica y la ejecución de las políticas de carácter social y ambiental y a alcanzar una contratación más eficiente con el cumplimiento de las cláusulas sociales, facilitar a las pymes la creación de empleo y riqueza y lograr una mayor transparencia con medidas de evaluación y seguimiento y contra la corrupción.
Además, se aporta la gran novedad de la obligatoriedad de la licitación electrónica, ahorrando costes y se pretende lograr una mejor relación calidad-precio en la contratación. Se prevé la figura del concierto social para la prestación de los servicios sociales de atención especializada y los servicios sanitarios. También se recoge la propuesta de crear una oficina extremeña de supervisión en materia de contratación para velar por la correcta aplicación de la legislación, promover la concurrencia, combatir las ilegalidades, todo ello en un órgano que tendría plena independencia orgánica y funcional. Por último, la portavoz adjunta ha destacado que se ha incluido a las entidades locales dentro del ámbito de aplicación salvo en aquellos casos en los que resulten expresamente excluidas por la legislación básica.
