La Asamblea de Extremadura aprueba por unanimidad la ley de Simplificación y Racionalización Administrativa

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves, por unanimidad, la ley de Racionalización y Simplificación Administrativa, que persigue la eliminación de burocracia y acortar los plazos para hacer la vida más fácil a los ciudadanos y empresas, al tiempo que facilita la atracción de inversiones a la región.

“Con esta norma nos situamos a la vanguardia de la simplificación administrativa entre las comunidades autónomas de España”, ha recalcado la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Estrella Gordillo. La ley, que fue un compromiso del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, es fruto de la necesidad de adoptar un nuevo modelo de administración, más ágil y versátil, de cara al nuevo modelo económico y productivo incipiente en Extremadura.

Agradezco el trabajo de los grupos parlamentarios y de la Junta de Extremadura por tender puentes en busca del consenso y la concordia para caminar hacía el progreso económico”, ha afirmado Gordillo. “En esta región hemos aprobado leyes con el acuerdo de todos los grupos. Ponemos a la ciudadanía extremeña en el centro de la política”.

Plan de Empleo

En el pleno también se ha abordado el nuevo Plan de Empleo de Extremadura para los años 2022-2023. La consejera de Empleo, Esther Gutiérrez ha afirmado que “está diseñado para contribuir a las necesidades que tiene el mercado de trabajo y no vamos a descansar hasta lograrlo”. Según ella “estamos ante una ocasión única para industrializar nuestra región y ensanchar nuestro mercado de trabajo”. El Plan de Empleo de Extremadura 2022-2023, dotado con 634 millones de euros, destina casi el 70 por ciento de su presupuesto al fomento de empleo privado y pretende incrementar en cuatro puntos la tasa de ocupación en Extremadura, hasta el 48 por ciento.

El portavoz de empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Felipe Redondo, ha detallado que “hoy hay 84.000 parados y la afiliación es la más alta de la historia: 413.000”.  Para él, se trata de un “plan de empleo flexible, orientado a mejorar los servicios públicos”. Redondo cree que “la llegada de los nuevos proyectos industriales, los que ya conocemos y los que vendrán en un futuro, nos va a exigir adaptar la formación y la capacitación de los trabajadores y las trabajadoras para cubrir la demanda de esos nuevos puestos de trabajo”.

“Por ello valoramos muy positivamente que este plan se dirija directamente ahí, a trabajar en esa línea”, ha concluido.

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