La propuesta de Ley del Estatuto de los Consumidores de Extremadura se ha registrado hoy en la Asamblea, inicia su trámite parlamentario y actualiza el actual texto legislativo que data de 2001. Según ha explicado el portavoz socialista, Valentín García, la nueva ley establece la defensa de los consumidores, les reconoce nuevos derechos y protege los nuevos hábitos de consumo que han aparecido en los últimos años. Se trata de “proteger a los usuarios frente a los grandes proveedores de servicios y establecer un equilibrio entre ambos nuevos ya que, en el actual, siempre se perjudica a los consumidores”, ha dicho García.
Ya ha iniciado su trámite parlamentario la propuesta de Ley del Estatuto de los Consumidores de Extremadura después de que el Grupo Socialista haya registrado hoy el texto en la Asamblea. Se trata de una ley conformada por 84 artículos y que debe sustituir a la actual, que data del año 2001. El nuevo texto aspira a establecer la defensa de los consumidores extremeños, reconocerles nuevos derechos y proteger los nuevos hábitos de consumo que han surgido en estos últimos 17 años y que la actual ley no recoge. Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Socialista, Valentín García, “en estos años han aparecido nuevas fórmulas de comercio (fundamentalmente el electrónico), ha habido profundos cambios en los hábitos de consumo y las relaciones entre los usuarios y los proveedores de servicio también han cambiado. Era necesario trabajar en una nueva ley”.
En su comparecencia ante los medios de comunicación, el portavoz ha señalado hasta 8 novedades que aporta el nuevo texto legislativo. En primer lugar, ha destacado que la ley protege a los usuarios de las entidades sin personas jurídicas cercanas, en clara referencia a los operadores de internet. Además, presta especial atención a los habitantes de núcleos rurales y, en concreto, a aquellos consumidores de los servicios básicos.
La nueva ley recoge la creación de la Red de Alerta Extremeña de Productos de Consumo que aspira a dar una respuesta rápida (tal y como hoy demandan los usuarios) en casos de que entre en riesgo la seguridad de los propios consumidores. También se tipifica la figura de la ‘obsolescencia programada’ de algunos aspectos relacionados, básicamente, con la tecnología para proteger a los consumidores de ciertas prácticas abusivas.
El texto incluye la prohibición de incluir en listas de morosos a aquellos consumidores que tengan en trámite algún tipo de reclamación frente a un tercero o un proveedor de servicios. Se crea también el derecho de servicio de tracto sucesivo, es decir, aquellos servicios que se prestan de manera continua, como, por ejemplo, la electricidad o el suministro de agua. Según el portavoz socialista, este tipo de consumidor necesita una especial atención para que no se vulneren sus derechos en el caso de cortes de suministro en servicios que son de primera necesidad.
La propuesta de ley actualiza las reclamaciones y sanciones del actual texto de 2001 e incluye la creación de la Comisión de Consumo en la que se incluirán las asociaciones de consumo y la sociedad civil para la mejora de la defensa de los derechos de los usuarios y como órgano consultivo máximo en esta materia.
Según García, “esta futura ley encaja perfectamente en el anuncio que hizo el Presidente Guillermo Fernández Vara en el último Debate del Estado de la Región al referirse a leyes que iban a mejorar la protección de los derechos de las personas y la ampliación de los mismos”. Para el portavoz, “se hacía necesario equilibrar la relación entre usuarios y proveedores de servicios, ay que en el sistema actual se perjudica básicamente al consumidor y con esta ley protegemos a éstos frente a los grandes proveedores de servicios”.
DIMISIÓN DE CASADO
Por otro lado, a pregunta de los periodistas sobre la dimisión de la ex ministra de Sanidad, el portavoz socialista ha dicho que “se demuestra que el Gobierno de Pedro Sánchez asume responsabilidades frente al de Mariano Rajoy que tuvo grandísimos casos de corrupción sin que dimitiese ningún ministro”. Además, García ha reconocido que las dimisiones de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid y de la ex ministra de Sanidad por el caso de los másteres universitarios “abre inexorablemente la puerta a la dimisión de Pablo Casado, implicado en un caso similar. El líder del PP debe dimitir, lleva ya tres meses de retraso, el listón ético que se ha auto impuesto el Gobierno de Pedro Sánchez lo tienen que aplicar el resto de fuerzas políticas de este país”.
