En este 2020 se cumplen 20 años de la designación de esta fecha por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el objetivo sigue siendo el de instar a gobiernos, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil a tomar parte activa en las soluciones que deben ir orientadas a resolver este grave problema global y poder seguir avanzando en la sensibilización, la prevención, la intervención, la protección, la reparación del daño y la recuperación integral de las mujeres y niñas y niños víctimas de violencia de género.
Desde 2003 han sido asesinadas 1.074 mujeres y desde 2003, 301 niñas y niños han quedado huérfanos. En 2020 han sido asesinadas 41 mujeres y 23 niñas y niños han quedado huérfanos (datos del 16 de noviembre de 2020).
La ONU expresa “la violencia contra las mujeres y las niñas, arraigada en unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, persiste como una crisis silenciosa y endémica”. Este año, además, la situación se ha visto agravada por la pandemia mundial en la que vivimos, una pandemia que afecta a las mujeres con más intensidad y aún de forma más concreta por la desigualdad estructural en la que se sitúan, y que resulta especialmente terrible para las mujeres víctimas de violencia de género.
La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, alertaba sobre el impacto de la Covid-19 en las mujeres, y especialmente en las víctimas de violencia abocadas a confinarse con su agresor: “El confinamiento aviva la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero. Asimismo, refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de las personas y los recursos que mejor pueden ayudarlas. Es la situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar”.
En los últimos días hemos conocido el estudio “Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural” realizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), entre diciembre de 2018 y enero de 2020, en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que viene a evidenciar que la violencia contra las mujeres es especialmente dura en las zonas rurales. El aislamiento que sufren las víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja es triple: por la escasa participación de los espacios públicos y la relegación al ámbito privado, por restar aisladas geográficamente y por identificar su propia situación como un proceso individual, y no como el problema estructural que es, consecuencia de la desigualdad entre mujeres y hombres.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, largamente demandando por el movimiento feminista, supuso un antes y un después en el abordaje institucional de la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, fue el cambio de paradigma que hizo posible en nuestro país que los poderes públicos reconocieran un tipo concreto y específico de violencia, que es la que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Así mismo, continuando por la senda marcada, el Pacto de Estado es la muestra del consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios, y por tanto, de la mayoría de la sociedad española representada a través de ellos, para acabar con esta violencia.
La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que aspiramos a ser, ni en la democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación. La violencia machista nos interpela a todos y a todas y las administraciones debemos combatirla con todos los medios a nuestro alcance.
Por todo ello, desde la Asamblea de Extremadura:
- Mostramos solidaridad con las mujeres y niñas agredidas y/o asesinadas, víctimas de la violencia machista más extrema, transmitiendo todo nuestro apoyo a ellas y a sus familiares.
- Rechazamos todas las formas de violencia contra las mujeres y manifestamos nuestro compromiso con las víctimas.
- Apoyamos que se refuercen las medidas dirigidas atención a las mujeres que viven en el mundo rural, aumentando el número de recursos especializados de atención de forma coherente con la realidad rural y la distribución geográfica, así como la adaptación de las campañas de prevención y sensibilización a sus necesidades.
- Ratificamos nuestro acuerdo firme para trabajar por alcanzar la igualdad de género, defender los derechos de las mujeres y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
- Instamos al Gobierno de España y a la Junta de Extremadura a ejecutar las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
